La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió dar por terminadas las averiguaciones y abstenerse de adelantar investigación administrativa en contra de Global Brokers Asociados S.A., frente a las quejas presentadas por las víctimas de dicha sociedad.

Según María Carolina Corcione Morales, Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, “no encuentra este despacho acreditado el incumplimiento” de Global Brokers.

Además, asegura que, de la información aportada por Global Brokers, “se infiere que a los consumidores se les suministra una información clara, veraz, suficiente y oportuna en relación con el cambio de garantía en caso de incumplimiento contractual. Además, la sociedad anexa copia de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) recibidas con motivo al incumplimiento de los servicios a través de las cuales se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la cláusula de “cambio de garantía” y a la devolución de dineros en los casos en que no se aplicó la misma”.

Para los denunciantes resulta ligera la decisión de la Superintendencia, ya que no tuvo en cuenta los argumentos planteados y que hoy tienen bajo las rejas a varios de los socios y con detención domiciliaria a otros.

La decisión de la Superintendencia se relaciona con la queja presentada por Diego Armando Torres Jaimes, quien resultó estafado por la sucursal Cartagena de Global Brokers, por cuantía de 80 millones de pesos.

Sin embargo, otras denuncias fueron remitidas a este expediente, lo que indica que están cobijadas con la misma decisión.

Según los denunciantes, la decisión fue adoptada teniendo en cuenta una simple respuesta de los representantes de Global Brokers Asociados, sin profundizar en los graves hechos que fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Todas las denuncias guardan similitud de hechos que se resumen de la siguiente manera: Global Brokers no cumplió con lo ofrecido en su portafolio de servicios. Los clientes firmaban un contrato de gestión o mandato para la compra de un inmueble a través procesos litigiosos, que realmente resultaron una estafa.

Los trámites sufrían retrasos con toda clase de excusas por parte de los representantes de Global Brokers. De esta manera se vencían los términos dispuestos en dicho contrato, sin ninguna solución de vivienda.

Ante esta situación, cuando los clientes exigían la devolución del dinero, la empresa ofrecía como ‘opción’ el cambio de garantía, lo cual no era más que otra de las estrategias tramposas. En muchos casos, los inmuebles propuestos tenían un precio superior y en otros sencillamente resultaban ficticios.

Para evitar ser descubiertos, los empleados de Global le advertían a los clientes que una de las condiciones era no visitar el inmueble. Y quienes se atrevieron hacerlo pudieron verificar que se trataba de una estafa.

Al final, ni casa, ni cambio de garantía ni dinero.

Es por ello que los denunciantes se encuentran indignados porque la Superintendencia solamente fundamenta su decisión en la simple respuesta de Global Brokers ante las quejas presentadas y en la cual se limita a señalar su objeto social; servicios que presta; piezas publicitarias por medio de las cuales ofrece los servicios; tipo (s) de contrato (s)  con los consumidores; copia de 5 facturas de venta y 7 contratos suscritos; relación de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos); cómo se aplica y se informa e derecho de retracto ante la inconformidad de los consumidores y copia de 10 solicitudes de retracto.

No obstante, los denunciantes manifestaron que lo que Global Brokers no presentó fueron los múltiples casos en que los inmuebles fueron vendidos 2, 3 y hasta 4 veces a diferentes clientes. Tampoco relacionó los cientos de clientes a quienes no les han devuelto el dinero.

Para ellos, lo grave de esta situación es que con su decisión la Superintendencia deja ‘saneada’ a Global Brokers y sociedades aliadas, mientras cientos de personas que, con la ilusión de tener una vivienda, ahora se encuentran estafadas.